Rosario Central saldó su deuda con Alumni de Casilda por los derechos de formación de Damián Musto

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La institución casildense recibió más de 47 millones de pesos tras un litigio judicial de ocho años basado en la Ley Giaccone por el pase del exfutbolista.

El Club Atlético Alumni de Casilda confirmó de manera oficial que Rosario Central canceló la totalidad de la deuda que mantenía con la entidad en concepto de derechos de formación deportiva del exfutbolista Damián Musto. El pago se hizo efectivo el pasado miércoles 5 de agosto por un monto total de $47.475.219.

El reclamo judicial había sido iniciado por la institución de Casilda en septiembre de 2018 ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1 de dicha localidad. La demanda se fundamentó en la Ley Nacional 27.211 (conocida como Ley Giaccone), legislación que faculta a las entidades formadoras a percibir una compensación económica por las transferencias de deportistas que realizaron su etapa de aprendizaje entre los 9 y los 18 años.

El origen del conflicto se remonta a mediados de 2017, cuando la entidad de Arroyito concretó la venta del mediocampista al Tijuana de México. Musto, quien surgió de las inferiores de Alumni y vistió la camiseta canalla en 92 oportunidades entre 2014 y 2017, desarrolló luego su carrera en clubes de España, Brasil y Uruguay hasta su retiro profesional. Actualmente se desempeña como ayudante de campo de Eduardo Coudet en River Plate.

Destino de los fondos e informe a los socios

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la comisión directiva de Alumni detalló la distribución del dinero ingresado a las arcas del club. Del total abonado por Rosario Central, un 20% ($9.495.043) fue destinado a saldar los honorarios de los profesionales letrados que patrocinaron la causa, dejando un saldo neto disponible de $37.980.219 para la tesorería.

La conducción del club resaltó que esta resolución favorable es el fruto de un trabajo sostenido en el tiempo y valoró la labor de las comisiones directivas anteriores que iniciaron y mantuvieron la demanda legal durante ocho años para defender el patrimonio de la institución.

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